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Se trata de la impulsada por el Cermi para acabar con el «copago confiscatorio» de la dependencia
El Congreso de los Diputados acoge este miércoles, por primera vez, la defensa en su seno de una iniciativa legislativa popular (ILP) por parte de sus promotores, algo que hasta ahora no era posible por no estar contemplado en la normativa. La iniciativa es la impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) contra el «copago confiscatorio» en dependencia.
Hasta marzo de 2015, las ILP no contaban con la posibilidad de que las defendieran sus impulsores, sino que, una vez registradas en la Cámara Baja tras acreditar el respaldo popular con al menos 500.000 firmas, eran los diputados los que debatían sobre ellas en el Pleno del Congreso, para decidir o no si se tomaban en consideración y seguían en consecuencia su tramitación parlamentaria.
Con la aprobación en marzo del año pasado de la Ley Orgánica de Control de la Actividad Económicofinanciera de los Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, se reformó también el procedimiento de la tramitación de las ILP en el Congreso.
Así, esta norma introdujo una disposición por la que se permite a los promotores de las iniciativas legislativas populares presentarlas en comisión, antes de su toma en consideración en el Pleno de la Cámara Baja.
En concreto, dicha disposición modifica el artículo 13 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular, y establece que la tramitación parlamentaria de este tipo de iniciativas «se efectuará conforme a lo que dispongan los Reglamentos de las Cámaras».
Añade, no obstante, que, «en todo caso, la persona designada por la Comisión Promotora será llamada a comparecer en la comisión del Congreso de los Diputados competente por razón de la materia, con carácter previo al debate de toma en consideración por el Pleno, para que exponga los motivos que justifican la presentación de la iniciativa legislativa popular».
Y esto es lo que hace este miércoles el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso, donde expone los motivos de la presentación de la iniciativa relativa a la modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones y servicios de las personas beneficiarias.
De esta forma, el representante del Cermi es el primer promotor de una ILP que presenta en el Congreso las razones por las que ha impulsado la iniciativa y da así a los diputados argumentos para que la defiendan o la rechacen en el debate sobre su toma en consideración, que tiene lugar en Pleno pero que, con la previsible disolución de las Cortes la semana que viene, tendrá que producirse en la siguiente legislatura.
Las ILP y las proposiciones de ley relativas a las comunidades autónomas son las únicas iniciativas que no decaen con la disolución de las Cortes y que, por tanto, continúan su tramitación una vez conformado el nuevo arco parlamentario, de forma que la relacionada con al copago en dependencia seguirá su curso en el nuevo Parlamento.
Hasta la fecha, han sido solo dos las iniciativas legislativas populares que se han materializado en una ley: la relativa a la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural, aprobada con modificaciones de su redacción original en 2013, y la de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social, que salió adelante subsumida en otra iniciativa.
