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El Tercer Sector satisfecho con la inclusión de sus demandas en la nueva ley de contratación pública

El nuevo marco regulador potenciará la contratación pública para que se convierta en un instrumento al servicio de la inclusión social.

La Plataforma del Tercer Sector satisfecha con la nueva Ley de Contratos del Sector Público aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 19 de octubre de 2017, pues pone en valor las cláusulas sociales para que la contratación pública se convierta en un instrumento al servicio de la inclusión social.

En diciembre de 2016, dentro de la tramitación de la Ley, la Plataforma del Tercer Sector presentó a los grupos parlamentarios una serie de propuestas en materia social de inclusión y discapacidad y, finalmente, gran parte de ellas han sido recogidas en la norma. De esta manera, el nuevo marco regulador incorpora criterios sociales de manera transversal a la hora de ejecutar una contratación pública.

La normativa amplía las cláusulas sociales y dicta los criterios de adjudicación del contrato que incluyen aspectos como la accesibilidad, el diseño universal o las características sociales. Estas se referirán, entre otras, al fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato y, en general, a la inserción sociolaboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

Además, velará por promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, en particular de las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

Concertación social y reserva del 10% para centros especiales de empleo

Entre las novedades con respecto a la legislación vigente destaca la aceptación expresa de la concertación social como modalidad no contractual de gestión de servicios públicos de carácter social por parte de entidades no lucrativas del Tercer Sector.

Además, también se valora desde la Plataforma del Tercer Sector que, gracias a la Ley, la reserva de contratos para personas con discapacidad en centros especiales de empleo de iniciativa social podrá alcanzar el 10% del total del volumen de contratación.

Fuente: Plataforma del Tercer Sector

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