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El 25 de Abril de 1986 se aprobó la Ley General de sanidad conforme a psiquiatría, por lo que aquellas personas que estuvieran en un manicomio pasaban a ser ciudadanos con derechos y a recibir una atención adecuada, consiguiendo así la dignidad que habían perdido al ingresar allí, pero sin embargo 30 años después sigue sin poder llevarse 100% a la realidad debido a la falta de recursos y la desigualdad entre comunidades a la hora de implantar un plan igualativo se refiere, por lo que Salud Menta España reclama a la administración pública que haya un mayor compromiso por su parte.
Por ello Nel A. González Zapico presidente de la confederación ha explicado, la reforma de 1986 “logró “desmantelar un sistema antiguo que giraba en torno al hospital psiquiátrico, consiguió equiparar a las personas con trastorno mental a otras personas con cualquier tipo de problema de salud y limitó las hospitalizaciones para que se produzcan estrictamente cuando sean necesarias”, aparte de ayudar así a la reinserción, aportándole la atención integral que necesitase para lograrlo, pero debido como siempre a la falta de presupuesto, todo ha quedado a medias, por lo que es necesario aumentar las ayudas destinadas a este tipo de atención mental, aumentar el número de profesionales dedicados a esta rama, junto a sensibilizar y formar a los médicos de atención primaria, son necesidades de carácter urgente para poder lograr lo que se lleva 30 años luchando.
Zapico ha añadido que “Es necesario mejorar la atención en situaciones de crisis, garantizar que se produzca una adecuada coordinación socio-sanitaria para mejorar las intervenciones en salud mental y además facilitar y promover la participación de las personas con problemas de salud mental y sus familiares en su propio proceso de recuperación”.
Aunque ya se sabe que debido a diversos movimientos asociativos se ha podido llevar a cabo varios eventos y lograr muchos objetivos, pero aun así quedan mucho camino por recorrer, por ello Salud Mental España pide una serie de reivindicaciones a la administración pública, para lograr así un compromiso que mejore la atención de este colectivo y de sus familiares.
Desde la confederación se pide y se exige que haya un mayor compromiso para la creación de políticas dirigidas a una mejora y mayor impulso de los recursos que aseguren una atención de calidad, mediante una toma de decisiones de salud mental junto al sistema nacional de salud, y siempre en cumplimiento con el convenio internacional de derechos de las personas con discapacidad.
Pero para ello el primer paso es poder colocar a la persona con el problema en un centro acorde con la intervención que el necesite y fomentar así su participación en las decisiones que le afecten personalmente y que tengan que ver con su proceso de recuperación.
