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En un escrito dirigido a todos los portavoces parlamentarios del Congreso, el Cermi solicita el mantenimiento de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad de la Cámara Baja, que viene existiendo desde el año 2004, pero reclama que se intensifique su papel político confiriéndole carácter legislativo, es decir, que pueda tramitar y aprobar normas con rango de ley.
La creación de esta comisión permanente y legislativa sobre derechos de las personas con discapacidad sería, a juicio del Cermi, la expresión nítida del compromiso del legislador con la causa de las personas con discapacidad, que representan un 10% de la población española sin contar con sus familias.
La constitución de dicha comisión ayudaría, a su juicio, a que la discapacidad entre a formar parte del núcleo de asuntos de importancia de la agenda política, tras décadas de desatención y preocupación escasa.
«La vigencia y aplicación en España de la Convención de la ONU sobre Derechos de la Personas con Discapacidad, de diciembre de 2006, hace necesaria una amplia y profunda transformación del ordenamiento jurídico español, por lo que no hay dudas sobre que la comisión tenga una enorme tarea legislativa por delante», indica el Cermi.
