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La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), en virtud del convenio suscrito con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, asegura la atención de las personas sordas andaluzas en el ejercicio de sus derechos básicos y, en concreto, se garantiza la posibilidad de comunicarse con la Administración a través de la lengua de signos española en aquellas gestiones vinculadas con estos derechos.
Esta medida se articulará mediante la dotación de intérpretes presenciales en todas las provincias andaluzas, que gestionarán las propias asociaciones de personas sordas de la Federación de Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas (FAAS). De igual forma, y a través de la Fundación Andaluza Accesibilidad y Personas Sordas esta comunidad autónoma contará con el servicio de vídeo interpretaciónSVIsual, que contribuirá a garantizar la accesibilidad a la información y comunicación de este colectivo.
En Andalucía, según datos del INE, viven más de 176.000 personas sordas que en su día a día precisan de intérpretes de lengua de signos en situaciones comunes como ir al médico, realizar trámites en hacienda, recibir la asesoría de un abogado o acudir a una conferencia, entre otros. Esta actuación, que permanecerá vigente hasta el próximo mes de diciembre, pretende ofrecer una mayor cobertura de servicios de interpretación en esta región para promover la igualdad y la accesibilidad de las personas sordas andaluzas y evitar situaciones de discriminación en el acceso a los servicios ciudadanos.
Para la presidenta de la CNSE, Concha Díaz, “las personas sordas debemos contar con los recursos humanos y técnicos que aseguren nuestra libertad e igualdad”. En sentido, apunta Díaz, “la CNSE estará siempre a lado de todas las personas sordas para que nuestros derechos estén garantizados”.
De igual forma, Alfredo Gómez, presidente de la FAAS, pone en valor la cooperación de la administración central con la accesibilidad las personas sordas andaluzas y subraya que la lengua de signos es un derecho reconocido por la Ley 27/2007 en toda en España y por la Ley 11/2011 en Andalucía y confía que todas las administraciones den cumplimiento, en el ámbito de sus competencias, a estas normas.
